En representación de una llamada “Mesa de Unidad Democrática”, el ciudadano Omar Barboza propone: “… declarar en emergencia nacional el problema de la inseguridad personal y convocar de inmediato el Consejo Federal de Gobierno… para que en la mayor brevedad posible pongan a ejecución con la mayor participación de los ciudadanos un plan concertado integral de seguridad ciudadana… llevar a cabo un plan de desarme de la población, atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad, brindar apoyo a la justicia de paz... el fortalecimiento de las policías municipales… un ‘lenguaje de paz’ por parte de las autoridades…” (Globovisión 22/06/09 11:48 horas).
“… El pasado castiga…”
No estamos al cabo de saber si el ex gobernador del Zulia Omar Barboza tiene muy mala memoria y/o confiando en la pésima equivalente del común de los venezolanos, juega el juego del gobierno mientras alimenta su ego soportándose en la tremenda ignorancia de quienes –electos o selectos– han sido juramentados y ejercen al frente de los diferentes despachos del Poder Público y con muy precisas responsabilidades en el complejo de seguridad pública (Minpopoinjust), de Administración de Justicia (TSJ, tribunales y jueces); de quien, por norma, ostenta el monopolio del ejercicio de la acción penal (FGR) y de la siempre silenciosa Defensoría del Pueblo.
Basta recordar precisos pasaje de la historia criminal en Venezuela para tener mucho cuidado con estos rimbombantes predicadores de oficio que hoy, pretenden dar lecciones en política y seguridad pública cuando en su no tan lejano pasado –23 años– como funcionario electo, juramentado y al frente de la gobernación del Zulia, nos brindara una excelente, cuando no brillante y ejemplarizante muestra de su particular desempeño cómplice de la impunidad que hoy campea.
No puede negar jamás el ex gobernador su ignominiosa sumisión al presidente de turno, Jaime Lusinchi, y su activa y directa participación en el articulado objetivo destinado al ocultamiento y al silencio impuesto como política de Estado sobre los desaparecidos y las particularidades de los múltiples crímenes perpetrados por funcionarios activos de la policía regional bajo su mando, a los cuales se les agregaron otros tantos activos de una y otra policía de carácter nacional.
Aquel grave complejo de circunstancias que fueron conocidos y divulgados por los medios de comunicación del país bajo el título: “Caso de los Pozos de la Muerte”.
No podrá jamás el ex gobernador brindar argumentos alguno en descargo de sus responsabilidades de aquel momento, siendo que, a raíz del secuestro del menor de 15 años Rafael Antonio “Macho” González (El Mundo 09/08/85), donde se señalaban a funcionarios policiales como autores del plagio y como derivado de deudas por cargamentos de drogas que no habían sido cancelados; de la ulterior desaparición de Mario José Urdaneta Perché alias “El Mocho” (El Nacional 01/10/85) y las concertadas declaraciones a los medios, una vez que es localizado y se saca la primera osamenta del citado Pozo de la Muerte –ubicado en el Fundo Los Quinteros, sector de La Cañada en el estado Zulia– y de donde fueron extraídos un total de seis cadáveres antes de que el gobierno tomara el control del área física, dispusieran y ejecutaran –Gobierno central, gobierno regional, FGR, Comandante de la Policía Regional, Director de la PTJ, Director de la DISIP– las medidas extremas para silenciar el asunto: Derrumbar la pared del rancho donde las víctimas eran baleadas; limpiar con tractor el área, modificar hasta desaparecer por completo la escena del crimen y por último, vaciar camiones de concreto al interior del aljibe –donde eran lanzados amarrados y de cabeza, vivos o muertos las víctimas–, con otros restos de cadáveres sin sacar aún del fondo:
1. “… Son huesos de vaca…”; Omar Barboza, gobernador de Zulia 2. “… Por allí hay unos diputados buscando unos pozos, pero allí no hay nada…”; Porfirio Valera director de la DISIP 3. “… Hay que ver si son huesos humanos…”; Jordán Petit, Jefe de Homicidios PTJ 4. “… No son restos humanos…”; Mauro Yánez Pasarella, sub director PTJ 5. “… Si son restos humanos, los lanzaron los diputados…”; Eleazar Cuotto Rendón Jefe Nacional de Investigaciones PTJ.
6. “… Puede ser que las osamentas sean de las víctimas de peleas entre guajiros o bandas de delincuentes…”; Pedro Arturo Torres Agudo, director PTJ.
7. “… Lo importantes es saber quién fue el datero de los parlamentarios… Se trata de una campaña contra la policía…”; José Manzo González Ministro de Justicia.
8. “… Gobierno y policía zuliana tratan por todos los medios de encubrir a los asesinos poceros…”; Hermócrates Castillo, diputado, Ultimas Noticias.
9. “… Funcionarios de la PTJ y jueces dirigen escuadrones de la muerte… ”; El Mundo lunes 31/03/86 10. “… En el último Consejo Policial realizado en Maracaibo, el Ministro de Justicia y de Relaciones Interiores ordenó que se aplicara ‘pena de muerte’ a todos los que tuvieran antecedentes…”. Documento confidencial enviado por funcionarios de la PTJ a la Asamblea Legislativa del estado Zulia y referido en el diario El Mundo 31/03/86.
A tenor del hoy vigente, bien pudiésemos recordar al ex gobernador del Zulia Omar Barboza parte de aquella vieja redondilla cuyo autor desconocemos: “… En esta vida mundana… olvida el hombre prever… que hoy, el ‘mañana’ de ayer… será el ‘ayer’ de mañana…”.
Política de Estado
Bien definido y documentado quedó en aquel momento el desempeño de los funcionarios de alta jerarquía del Estado frente a los múltiples delitos –secuestros, desaprisiones, asesinatos, masacres, extorsiones, atracos, robos– cometidos por los subalternos bajo su mando, dirección y supervisión; desde la propia presidencia de la República –ayer y hoy– se diseñan las políticas, se emiten las órdenes y se dan las instrucciones.
Expresión y gráfico ejemplo, justo y suficiente, de esa máxima que con frecuencia citamos: “… Nadie está interesado en acabar con la maquinaria de represión de la cual ha de servirse si eventualmente llega al poder…” (Casamayor)
Ayer el partido en el gobierno, Acción Democrática, y a solicitud del presidente Jaime Lusinchi, designó el candidato solicitado, y es así como el abogado Iván Rincón Urdaneta viaja desde Maracaibo a Caracas. Ya en la ciudad, primero pasa por el bufete del seleccionador y consejero, el abogado David Morales Bello y luego directo a Miraflores donde se entrevista y recibe las instrucciones de la propia voz del presidente. Regresa a su ciudad y se juramenta como juez y de inmediato asume el caso de “Los Pozos de la Muerte” (“… Iván Rincón sólo habla con el Presidente cuando necesita plata…”, Sebastián de la Nuéz; Tal Cual 29/06/01).
Iván Rincón Urdaneta, quien llegaría en esta supuesta revolución a ocupar la Presidencia del TSJ, como premio a su devota y criminal sumisión –de ayer y de hoy–, jubilado ya del TJS, se desempeña ahora como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la Santa Sede; otro premiado por su, también criminal devoción, Julián Isaías Rodríguez Díaz, creador y director de la tramoya que orquestó para encubrir el asesinato de su subalterno el Fiscal Danilo Ánderson; esa sumisión lo acreditó con suficiencia y hoy se desempeña como Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España.
¿Alguna diferencia de ese ayer con el hoy?
“Los Pozos de la Muerte” precipitaron en el gobierno de entonces decisiones graves para silenciarlo; para poder cubrirse las espaldas y dejar impune a todos y cada uno de los autores de esos crímenes.
A la periodista que llevó adelante la investigación, amenazas de muerte, hostigamientos, seguimientos, vigilancias, intercepciones telefónicas; llevaron a la cárcel al editor del Diario de Caracas y ante la imposibilidad de silenciarlo, ejercieron presión suficiente sobre los dueños del medio hasta sacarlo del cargo; entre otras acciones, cuando se trasladaba a su residencia, interceptar con motorizados y en plena vía pública el vehículo del presidente de la empresa, abrirle las puertas del carro y luego huir sin hacer más, demostrándole gráficamente cuan vulnerable estaba frente al poder de los pandilleros del gobierno. Paralelamente, impusieron y lograron la clausura del programa de opinión de ese directivo en RCTV.
Recomienda el ex gobernador Omar Barboza:
a) La “… ejecución con la mayor participación de los ciudadanos un plan concertado integral de seguridad ciudadana…”.
Tendrá esto que ver con la recién discutida Ley Sapo, o no será lo mismo de siempre, una forma de permitir la evasión de las responsabilidades de los funcionarios a cargo; en parecidas o iguales condiciones que en el pasado: Ausencia de rendición de cuentas.
b) “… llevar a cabo un plan de desarme de la población…”.
Pero, acaso el ex gobernador ignora o se le olvidó que el principal proveedor de armas, municiones, chalecos, bombas lacrimógenas, vehículos, bases de operaciones y afines, es el gobierno en función de una definida política de Estado: La inseguridad es un arma política destinada al control social.
c) “… atacar la corrupción en los cuerpos de seguridad…”.
Pareciera que el ex gobernador vive en otro país o sufre de un lapsus: ¿Alguna vez intentó lo propio en momentos en que ejercía el cargo en el Zulia, no fue contraria a ello, su conducta?.
d) “… brindar apoyo a la justicia de paz...”.
Definitivamente, no vive en este país puesto que, la confrontación, la división del país en mitades irreconciliables, es la única posibilidad que tiene esto que llaman gobierno de perpetuarse en el poder.
e) “… el fortalecimiento de las policías municipales…”.
Definitivamente, quien así opina, debería abandonar la fantasía o declararse socio del gobierno; aterrice de una vez. Más fortaleza que la que han demostrado con el diario asesinato de tantos inocentes, uno de sus últimos crímenes, el de la psicóloga Ana Matilde Raimondi de Bellorín (10/06/09) y el proceso en curso, al estilo de antaño, para garantizar la impunidad de sus ejecutores.
Conclusión
Bien podrían quienes pretenden en una “Mesa” de “Unidad” y “Democrática” plantear, discutir, diseñar y enseñar caminos a seguir en materia de Políticas de Seguridad Pública, comenzar por releer la historia política reciente, recordar, estudiar, documentar hechos y circunstancias, y luego el auto examen y la autocrítica, para con ello quizás, hacer una mejor selección tanto de las recomendaciones como de los voceros, o de quienes en un momento deban representarlos y hacer pública las resultas de sus análisis, apreciaciones y/o recomendaciones puesto que en materia de seguridad pública, ha de tenerse muy presente y como queda bien sustentado, pareciera que en esa historia cotidiana los registros señalan quién es quién y nos han dicho, nos dicen y nos dirán siempre a los venezolanos, y cualquiera otro sea el interesado: Por qué estamos dónde y cómo estamos.
viernes, 17 de julio de 2009
martes, 7 de julio de 2009
Zulia: Panfletos son penas de muerte
Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales.
El criminólogo Francisco Delgado analiza las causas, historia y mecanismos de control sobre los mensajes anónimos que anuncian crímenes en Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá, y que están relacionados con 14 muertes en esa zona. “Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total”, advierte el especialista. En menos de dos meses se han registrado más de 12 muertes por arma de fuego, que, supuestamente, han sido responsabilidad de grupos parapoliciales. Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales. El pasado domingo, cinco hombres fueron acribillados, en hechos distintos, en La Villa del Rosario, luego de la aparición de los volantes de la muerte. El 25 de mayo, Nubia Sánchez, cayó muerta en el patio de su casa, en Colón, después de recibir amenazas. En Maracaibo, en abril, ocho hombres (cuatro en el barrio La Chinita e igual número en Ciudad Lossada) murieron. Ante estos hechos, el criminólogo e integrante del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Delgado, ofreció sus conjeturas. — ¿Por qué señalan a policías como los supuestos autores de los panfletos y asesinatos? — Siempre que se producen estos fenómenos de volantes de amenazas de muerte pública ha existido algún tipo de participación de funcionarios policiales. Ahorita hay mucho descontrol y gran descomposición de los cuerpos de seguridad. El sentimiento de inseguridad hace que surjan, de alguna manera, mecanismos de defensa privada que son tan violentos y perversos como la inseguridad misma. Cuando surgen estas acciones en la violencia sin límites los panfletos son penas de muerte subterráneas. — ¿Cuál es la razón de este tipo de "mecanismos"? — He venido diciendo que es necesario revisar el control social formal. Si fracasa el control formal, puede surgir éste u otro mecanismo de defensa privada y sería pues la lucha de todos contra todos. Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total. Porque, por mucha deficiencia que tenga el control formal, tiene como límite el Estado de derecho, hay cosas que se pueden y otras que no. — ¿A qué se debe tanta violencia? En la mayoría de los casos pasan de tres las personas ejecutadas — La violencia que proviene de estos grupos es una violencia ilimitada, que es capaz de las peores violaciones de los derechos humanos. El sentimiento de inseguridad es caldo de cultivo para que se tolere este tipo de conducta, pero lo que estamos exponiendo es la garantía y los derechos de cada uno de nosotros y no solamente los que producen daño social o los desviados. — ¿Dónde está la posible solución? — Es un gran peligro el que estamos enfrentando y solamente puede resolverse si resolvemos la crisis del control formal. Si resolvemos la crisis de los policías y si resolvemos el problema del sistema penal en su conjunto, como de los retardos en los tribunales y la acumulación de expedientes en el Ministerio Público, y también si la gente retoma la confianza en los mecanismos legales de control. — ¿Y la función de los jefes policiales? — Los jefes policiales tienen el control interno de la conducta de sus funcionarios. Pero es más importante que existiendo una ley de Policía nueva, que prevé mecanismos de control, se ponga a funcionar. La honestidad de los gerentes policiales es importante, pero no podemos confiar en una persona la actuación de la policía. Hay una gran complicidad interna y una convivencia cómplice de quienes están llamados a garantizar el comportamiento de los funcionarios. — ¿Recuerda usted otros casos similares al de los panfletos? — Recuerdo que cuando fui secretario de Gobierno, hace algunos años, estaba el “boom” del “Vengador anónimo”, que no era más que funcionarios policiales dedicados a matar gente. Y también hice una investigación en el Zulia por el caso de “los pozos de la muerte”. Esos fenómenos son los mismos que podríamos comenzar a vivir ahora, pues eran penas de muerte subterráneas, que estaban a la par de la legalidad. Alguien declaró el fracaso del control formal y se dio el derecho de tomar la justicia por sus manos. — ¿Y qué pueden hacer las autoridades para controlar a jefes de cárceles, quienes ordenan sicariatos desde la prisión, como el caso de Nubia Ríos, en el Sur del Lago? — La cárcel es un universo caótico donde sólo se tienen muros para contener la violencia delictiva y no hay políticas consistentes de humanización, por lo menos en algunos centro penitenciarios, porque en otros sí. Algunas cárceles, como Sabaneta, están permeadas por todo tipo de mecanismos de corrupción, la falta de recursos tecnológicos y de una buena estructura física, que permita contener esa conducta deductiva hace que este tipo de fenómeno se presente.El criminólogo Francisco Delgado analiza las causas, historia y mecanismos de control sobre los mensajes anónimos que anuncian crímenes en Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá, y que están relacionados con 14 muertes en esa zona. “Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total”, advierte el especialista. En menos de dos meses se han registrado más de 12 muertes por arma de fuego, que, supuestamente, han sido responsabilidad de grupos parapoliciales. Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales. El pasado domingo, cinco hombres fueron acribillados, en hechos distintos, en La Villa del Rosario, luego de la aparición de los volantes de la muerte. El 25 de mayo, Nubia Sánchez, cayó muerta en el patio de su casa, en Colón, después de recibir amenazas. En Maracaibo, en abril, ocho hombres (cuatro en el barrio La Chinita e igual número en Ciudad Lossada) murieron. Ante estos hechos, el criminólogo e integrante del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Delgado, ofreció sus conjeturas. — ¿Por qué señalan a policías como los supuestos autores de los panfletos y asesinatos? — Siempre que se producen estos fenómenos de volantes de amenazas de muerte pública ha existido algún tipo de participación de funcionarios policiales. Ahorita hay mucho descontrol y gran descomposición de los cuerpos de seguridad. El sentimiento de inseguridad hace que surjan, de alguna manera, mecanismos de defensa privada que son tan violentos y perversos como la inseguridad misma. Cuando surgen estas acciones en la violencia sin límites los panfletos son penas de muerte subterráneas. — ¿Cuál es la razón de este tipo de "mecanismos"? — He venido diciendo que es necesario revisar el control social formal. Si fracasa el control formal, puede surgir éste u otro mecanismo de defensa privada y sería pues la lucha de todos contra todos. Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total. Porque, por mucha deficiencia que tenga el control formal, tiene como límite el Estado de derecho, hay cosas que se pueden y otras que no. — ¿A qué se debe tanta violencia? En la mayoría de los casos pasan de tres las personas ejecutadas — La violencia que proviene de estos grupos es una violencia ilimitada, que es capaz de las peores violaciones de los derechos humanos. El sentimiento de inseguridad es caldo de cultivo para que se tolere este tipo de conducta, pero lo que estamos exponiendo es la garantía y los derechos de cada uno de nosotros y no solamente los que producen daño social o los desviados. — ¿Dónde está la posible solución? — Es un gran peligro el que estamos enfrentando y solamente puede resolverse si resolvemos la crisis del control formal. Si resolvemos la crisis de los policías y si resolvemos el problema del sistema penal en su conjunto, como de los retardos en los tribunales y la acumulación de expedientes en el Ministerio Público, y también si la gente retoma la confianza en los mecanismos legales de control. — ¿Y la función de los jefes policiales? — Los jefes policiales tienen el control interno de la conducta de sus funcionarios. Pero es más importante que existiendo una ley de Policía nueva, que prevé mecanismos de control, se ponga a funcionar. La honestidad de los gerentes policiales es importante, pero no podemos confiar en una persona la actuación de la policía. Hay una gran complicidad interna y una convivencia cómplice de quienes están llamados a garantizar el comportamiento de los funcionarios. — ¿Recuerda usted otros casos similares al de los panfletos? — Recuerdo que cuando fui secretario de Gobierno, hace algunos años, estaba el “boom” del “Vengador anónimo”, que no era más que funcionarios policiales dedicados a matar gente. Y también hice una investigación en el Zulia por el caso de “los pozos de la muerte”. Esos fenómenos son los mismos que podríamos comenzar a vivir ahora, pues eran penas de muerte subterráneas, que estaban a la par de la legalidad. Alguien declaró el fracaso del control formal y se dio el derecho de tomar la justicia por sus manos. — ¿Y qué pueden hacer las autoridades para controlar a jefes de cárceles, quienes ordenan sicariatos desde la prisión, como el caso de Nubia Ríos, en el Sur del Lago? — La cárcel es un universo caótico donde sólo se tienen muros para contener la violencia delictiva y no hay políticas consistentes de humanización, por lo menos en algunos centro penitenciarios, porque en otros sí. Algunas cárceles, como Sabaneta, están permeadas por todo tipo de mecanismos de corrupción, la falta de recursos tecnológicos y de una buena estructura física, que permita contener esa conducta deductiva hace que este tipo de fenómeno se presente.
El criminólogo Francisco Delgado analiza las causas, historia y mecanismos de control sobre los mensajes anónimos que anuncian crímenes en Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá, y que están relacionados con 14 muertes en esa zona. “Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total”, advierte el especialista. En menos de dos meses se han registrado más de 12 muertes por arma de fuego, que, supuestamente, han sido responsabilidad de grupos parapoliciales. Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales. El pasado domingo, cinco hombres fueron acribillados, en hechos distintos, en La Villa del Rosario, luego de la aparición de los volantes de la muerte. El 25 de mayo, Nubia Sánchez, cayó muerta en el patio de su casa, en Colón, después de recibir amenazas. En Maracaibo, en abril, ocho hombres (cuatro en el barrio La Chinita e igual número en Ciudad Lossada) murieron. Ante estos hechos, el criminólogo e integrante del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Delgado, ofreció sus conjeturas. — ¿Por qué señalan a policías como los supuestos autores de los panfletos y asesinatos? — Siempre que se producen estos fenómenos de volantes de amenazas de muerte pública ha existido algún tipo de participación de funcionarios policiales. Ahorita hay mucho descontrol y gran descomposición de los cuerpos de seguridad. El sentimiento de inseguridad hace que surjan, de alguna manera, mecanismos de defensa privada que son tan violentos y perversos como la inseguridad misma. Cuando surgen estas acciones en la violencia sin límites los panfletos son penas de muerte subterráneas. — ¿Cuál es la razón de este tipo de "mecanismos"? — He venido diciendo que es necesario revisar el control social formal. Si fracasa el control formal, puede surgir éste u otro mecanismo de defensa privada y sería pues la lucha de todos contra todos. Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total. Porque, por mucha deficiencia que tenga el control formal, tiene como límite el Estado de derecho, hay cosas que se pueden y otras que no. — ¿A qué se debe tanta violencia? En la mayoría de los casos pasan de tres las personas ejecutadas — La violencia que proviene de estos grupos es una violencia ilimitada, que es capaz de las peores violaciones de los derechos humanos. El sentimiento de inseguridad es caldo de cultivo para que se tolere este tipo de conducta, pero lo que estamos exponiendo es la garantía y los derechos de cada uno de nosotros y no solamente los que producen daño social o los desviados. — ¿Dónde está la posible solución? — Es un gran peligro el que estamos enfrentando y solamente puede resolverse si resolvemos la crisis del control formal. Si resolvemos la crisis de los policías y si resolvemos el problema del sistema penal en su conjunto, como de los retardos en los tribunales y la acumulación de expedientes en el Ministerio Público, y también si la gente retoma la confianza en los mecanismos legales de control. — ¿Y la función de los jefes policiales? — Los jefes policiales tienen el control interno de la conducta de sus funcionarios. Pero es más importante que existiendo una ley de Policía nueva, que prevé mecanismos de control, se ponga a funcionar. La honestidad de los gerentes policiales es importante, pero no podemos confiar en una persona la actuación de la policía. Hay una gran complicidad interna y una convivencia cómplice de quienes están llamados a garantizar el comportamiento de los funcionarios. — ¿Recuerda usted otros casos similares al de los panfletos? — Recuerdo que cuando fui secretario de Gobierno, hace algunos años, estaba el “boom” del “Vengador anónimo”, que no era más que funcionarios policiales dedicados a matar gente. Y también hice una investigación en el Zulia por el caso de “los pozos de la muerte”. Esos fenómenos son los mismos que podríamos comenzar a vivir ahora, pues eran penas de muerte subterráneas, que estaban a la par de la legalidad. Alguien declaró el fracaso del control formal y se dio el derecho de tomar la justicia por sus manos. — ¿Y qué pueden hacer las autoridades para controlar a jefes de cárceles, quienes ordenan sicariatos desde la prisión, como el caso de Nubia Ríos, en el Sur del Lago? — La cárcel es un universo caótico donde sólo se tienen muros para contener la violencia delictiva y no hay políticas consistentes de humanización, por lo menos en algunos centro penitenciarios, porque en otros sí. Algunas cárceles, como Sabaneta, están permeadas por todo tipo de mecanismos de corrupción, la falta de recursos tecnológicos y de una buena estructura física, que permita contener esa conducta deductiva hace que este tipo de fenómeno se presente.El criminólogo Francisco Delgado analiza las causas, historia y mecanismos de control sobre los mensajes anónimos que anuncian crímenes en Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá, y que están relacionados con 14 muertes en esa zona. “Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total”, advierte el especialista. En menos de dos meses se han registrado más de 12 muertes por arma de fuego, que, supuestamente, han sido responsabilidad de grupos parapoliciales. Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales. El pasado domingo, cinco hombres fueron acribillados, en hechos distintos, en La Villa del Rosario, luego de la aparición de los volantes de la muerte. El 25 de mayo, Nubia Sánchez, cayó muerta en el patio de su casa, en Colón, después de recibir amenazas. En Maracaibo, en abril, ocho hombres (cuatro en el barrio La Chinita e igual número en Ciudad Lossada) murieron. Ante estos hechos, el criminólogo e integrante del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Delgado, ofreció sus conjeturas. — ¿Por qué señalan a policías como los supuestos autores de los panfletos y asesinatos? — Siempre que se producen estos fenómenos de volantes de amenazas de muerte pública ha existido algún tipo de participación de funcionarios policiales. Ahorita hay mucho descontrol y gran descomposición de los cuerpos de seguridad. El sentimiento de inseguridad hace que surjan, de alguna manera, mecanismos de defensa privada que son tan violentos y perversos como la inseguridad misma. Cuando surgen estas acciones en la violencia sin límites los panfletos son penas de muerte subterráneas. — ¿Cuál es la razón de este tipo de "mecanismos"? — He venido diciendo que es necesario revisar el control social formal. Si fracasa el control formal, puede surgir éste u otro mecanismo de defensa privada y sería pues la lucha de todos contra todos. Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total. Porque, por mucha deficiencia que tenga el control formal, tiene como límite el Estado de derecho, hay cosas que se pueden y otras que no. — ¿A qué se debe tanta violencia? En la mayoría de los casos pasan de tres las personas ejecutadas — La violencia que proviene de estos grupos es una violencia ilimitada, que es capaz de las peores violaciones de los derechos humanos. El sentimiento de inseguridad es caldo de cultivo para que se tolere este tipo de conducta, pero lo que estamos exponiendo es la garantía y los derechos de cada uno de nosotros y no solamente los que producen daño social o los desviados. — ¿Dónde está la posible solución? — Es un gran peligro el que estamos enfrentando y solamente puede resolverse si resolvemos la crisis del control formal. Si resolvemos la crisis de los policías y si resolvemos el problema del sistema penal en su conjunto, como de los retardos en los tribunales y la acumulación de expedientes en el Ministerio Público, y también si la gente retoma la confianza en los mecanismos legales de control. — ¿Y la función de los jefes policiales? — Los jefes policiales tienen el control interno de la conducta de sus funcionarios. Pero es más importante que existiendo una ley de Policía nueva, que prevé mecanismos de control, se ponga a funcionar. La honestidad de los gerentes policiales es importante, pero no podemos confiar en una persona la actuación de la policía. Hay una gran complicidad interna y una convivencia cómplice de quienes están llamados a garantizar el comportamiento de los funcionarios. — ¿Recuerda usted otros casos similares al de los panfletos? — Recuerdo que cuando fui secretario de Gobierno, hace algunos años, estaba el “boom” del “Vengador anónimo”, que no era más que funcionarios policiales dedicados a matar gente. Y también hice una investigación en el Zulia por el caso de “los pozos de la muerte”. Esos fenómenos son los mismos que podríamos comenzar a vivir ahora, pues eran penas de muerte subterráneas, que estaban a la par de la legalidad. Alguien declaró el fracaso del control formal y se dio el derecho de tomar la justicia por sus manos. — ¿Y qué pueden hacer las autoridades para controlar a jefes de cárceles, quienes ordenan sicariatos desde la prisión, como el caso de Nubia Ríos, en el Sur del Lago? — La cárcel es un universo caótico donde sólo se tienen muros para contener la violencia delictiva y no hay políticas consistentes de humanización, por lo menos en algunos centro penitenciarios, porque en otros sí. Algunas cárceles, como Sabaneta, están permeadas por todo tipo de mecanismos de corrupción, la falta de recursos tecnológicos y de una buena estructura física, que permita contener esa conducta deductiva hace que este tipo de fenómeno se presente.
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